Julio Alvear: La Constitución de Tartufo

Julio Alvear: La Constitución de Tartufo

Table of Contents:

1. Introducción
2. Propuesta Constitucional 2.1 Análisis de las implicaciones 2.2 Opinion pública y de los hombres de negocio
3. Derechos económicos y sociales 3.1 Estatuto de los Derechos Sociales 3.2 Criterios de prestacional maximización y judicialización 3.3 Deber constitucional de contribuir al gasto público
4. Sustitución de la moral por la salud pública 4.1 Restricción de actividades empresariales durante la pandemia
5. Las fuerzas armadas y la defensa nacional 5.1 Cambios en el capítulo dedicado a la defensa nacional 5.2 Reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas
6. Derechos fundamentales y derechos colectivos 6.1 Instrumentos internacionales de Derechos Humanos 6.2 Impacto de la agenda ideológica de la izquierda radical
7. Atribuciones del presidente de la república 7.1 Cambios en la potestad reglamentaria 7.2 Facultad de implementación y sus implicaciones
8. Independencia del poder judicial 8.1 Órganos para la gobernanza en los tribunales
9. Estabilidad y leyes institucionales 9.1 Reemplazo de las leyes orgánicas constitucionales
10. Fortalecimiento de la casta política 10.1 Mayores poderes de control y representatividad 10.2 Control sobre los parlamentarios y violación del mandato libre

Article: Análisis de la Propuesta Constitucional en Chile

Introducción

La propuesta constitucional en Chile ha generado un intenso debate en la sociedad. Desde su presentación, ha surgido el cuestionamiento sobre las implicaciones de dicho texto y cómo puede impactar en la vida de los ciudadanos. En este artículo, realizaremos un análisis profundo de la propuesta constitucional, examinando sus aspectos positivos y negativos, así como sus implicaciones para los diversos sectores de la sociedad.

Propuesta Constitucional

La propuesta constitucional ha despertado el interés tanto de la opinión pública como de los hombres de negocio en Chile. Según una encuesta realizada por el Diario Financiero, el 90% de los encuestados en el panel de negocios está a favor de la propuesta constitucional. Sin embargo, solo el 36.5% del panel de opinión pública se decanta por esa alternativa. Esto indica una clara brecha entre la percepción de los empresarios y la opinión de la población general.

Derechos económicos y sociales

Uno de los puntos clave de la propuesta constitucional es la relación entre los derechos económicos y sociales. Si bien se destaca la protección de los derechos económicos privados, como la propiedad y la libertad de empresa, parece que no se ha prestado suficiente atención al estatuto de los derechos sociales. Los asesores legales no han resaltado la posibilidad de que los derechos económicos cedan ante los derechos sociales, especialmente cuando estos últimos aún no han alcanzado niveles adecuados de satisfacción.

La propuesta constitucional también introduce criterios de prestacional maximización y judicialización, otorgando un papel relevante al gobierno de turno y a los jueces en la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, no se ha considerado el deber constitucional de contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, lo que podría generar desigualdades y afectar la efectividad de los derechos económicos y sociales.

Sustitución de la moral por la salud pública

La propuesta constitucional plantea la sustitución de la moral por la salud pública en ciertos aspectos. Un ejemplo de Ello es la habilitación de la ley para prohibir actividades empresariales en función de la salud pública, como se ha visto durante la pandemia. Si bien es importante salvaguardar la salud de la población, estas medidas pueden resultar injustas y onerosas para el comercio y las pequeñas y medianas empresas.

Las fuerzas armadas y la defensa nacional

Aunque la propuesta constitucional dedica un capítulo a la defensa nacional, se observa una contradicción en cuanto a la misión esencial de las fuerzas armadas. Si bien se destaca su importancia para defender a la patria, se han eliminado menciones explícitas a su misión en el texto. Además, se reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo cual puede generar complicaciones en la minería, agricultura y otros sectores en los cuales estos pueblos reclaman sus derechos territoriales y a los recursos naturales.

Derechos fundamentales y derechos colectivos

La propuesta constitucional plantea la incorporación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos como criterios de comprensión y aplicación de los tratados en el ordenamiento jurídico chileno. Esto abre la puerta a la entrada de la agenda ideológica de la izquierda radical, lo cual puede alterar los derechos tradicionales como la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la propiedad y la libertad de empresa. Esto Genera preocupación, ya que Chile sería el único país desarrollado que somete su Constitución a los poderes mundialistas de la izquierda radical.

Atribuciones del presidente de la república

La propuesta constitucional introduce cambios en las atribuciones del presidente de la república. Se ha reemplazado la potestad reglamentaria de ejecución por la facultad de implementación, lo cual implica un cambio peligroso. Anteriormente, el presidente estaba obligado a ejecutar las leyes utilizando el reglamento como un medio para lograr ese único fin. Sin embargo, ahora la situación se invierte, y el presidente puede utilizar la ley como un medio para poner en marcha los cometidos más amplios de su gobierno, lo cual rompe con la lógica de la ley como fuente del derecho.

Independencia del poder judicial

A pesar de que se plantea el reforzamiento de la independencia del poder judicial, se establecen órganos para la gobernanza en los tribunales que podrían poner en riesgo esta independencia debido a su composición y atribuciones. Esta situación plantea interrogantes sobre la verdadera autonomía del poder judicial en la propuesta constitucional.

Estabilidad y leyes institucionales

La propuesta constitucional ha sustituido las leyes orgánicas constitucionales por leyes institucionales, lo que genera incertidumbre en cuanto a la estabilidad de las instituciones básicas de la República. Anteriormente, las leyes orgánicas constitucionales requerían un alto quórum para su modificación o derogación, lo cual garantizaba cierta estabilidad. Sin embargo, con las nuevas leyes institucionales, solo se requiere la mayoría de diputados y senadores en ejercicio para su modificación, lo que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones.

Fortalecimiento de la casta política

Una de las críticas más importantes a la propuesta constitucional es el fortalecimiento de la casta política. Se otorgan mayores poderes de control a la directiva política, la cual no siempre es democrática, sino oligárquica. Además, se viola el mandato libre de los electores al otorgar un mayor control sobre los parlamentarios a dicha directiva. Esto representa un retroceso en la democracia y un avance hacia el dominio de la partidocracia.

En resumen, la propuesta constitucional en Chile presenta diversos aspectos a favor y en contra. Si bien busca promover cambios positivos en la sociedad, como la protección de los derechos económicos y sociales y la independencia del poder judicial, también plantea preocupaciones en cuanto al fortalecimiento de la casta política y la vulneración de derechos tradicionales. Es necesario un análisis exhaustivo y un debate amplio para tomar una decisión informada sobre esta propuesta constitucional.

Highlights:

• Análisis de la propuesta constitucional en Chile
• Implicaciones de la propuesta para los derechos económicos y sociales
• Sustitución de la moral por la salud pública
• Relación entre las fuerzas armadas y los derechos colectivos
• Implementación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
• Cambios en las atribuciones del presidente de la república
• Independencia del poder judicial en riesgo
• Estabilidad y leyes institucionales
• Fortalecimiento de la casta política

FAQ:

Q: ¿Cuál es la opinión de la opinión pública sobre la propuesta constitucional? A: Según una encuesta, el 36.5% de la opinión pública en Chile se decanta por la propuesta constitucional, mientras que el 90% de los encuestados en el panel de negocios está a favor de ella.

Q: ¿Qué implicaciones tiene la propuesta constitucional para los derechos económicos y sociales? A: La propuesta constitucional plantea una protección de los derechos económicos privados, pero no se ha prestado suficiente atención al estatuto de los derechos sociales. Además, introduce criterios de prestacional maximización y judicialización, lo cual puede afectar la efectividad de los derechos económicos y sociales.

Q: ¿Qué cambios se proponen en las atribuciones del presidente de la república? A: En la propuesta constitucional se ha reemplazado la potestad reglamentaria de ejecución del presidente por la facultad de implementación, lo cual implica un cambio peligroso. Esto permite al presidente utilizar la ley como un medio para poner en marcha los cometidos más amplios de su gobierno, lo cual rompe con la lógica de la ley como fuente del derecho.

Q: ¿La propuesta constitucional fortalece la independencia del poder judicial? A: Si bien se plantea el reforzamiento de la independencia del poder judicial, se introducen órganos para la gobernanza en los tribunales que podrían poner en riesgo esta independencia debido a su composición y atribuciones.

Q: ¿Qué preocupaciones plantea la propuesta constitucional en cuanto a la estabilidad de las instituciones? A: La propuesta constitucional ha sustituido las leyes orgánicas constitucionales por leyes institucionales, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la estabilidad de las instituciones básicas de la República. Esto se debe a que las leyes institucionales solo requieren la mayoría de diputados y senadores en ejercicio para su modificación, poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones.

Q: ¿En qué sentido se fortalece la casta política con la propuesta constitucional? A: La propuesta constitucional otorga mayores poderes de control a la directiva política, que no siempre es democrática, sino oligárquica. Además, se viola el mandato libre de los electores al otorgar un mayor control sobre los parlamentarios a dicha directiva, representando un retroceso en la democracia.